Sin frenos ni contrapesos 🚩
Reelección de Bukele y acoso digital contra la justicia independiente en Guatemala
En Centroamérica el espacio cívico está en disputa. Tres de los seis presidentes de la región lo están poniendo en jaque: la dictadura en Nicaragua y los regímenes autoritarios en El Salvador y Guatemala. Algunos de estos líderes usan técnicas de presión en redes sociales y amplifican sus narrativas a través de musculosos ecosistemas de cuentas y medios de comunicación cercanos.
En el contexto del anuncio de Nayib Bukele el 15 de septiembre de aspirar a la reelección en El Salvador (aunque dicen los expertos que esto lo prohíbe la Constitución), múltiples voces de la sociedad civil prendieron sus alarmas. Denuncian los intentos sistemáticos de este y otros mandatarios de la región de crear poderes ejecutivos omnipresentes, lo que debilita otras ramas, hiriendo de muerte los frenos y contrapesos. Ver sección de Visión Panorámica. 🌎👇🏾
A continuación, profundizamos en el caso de Guatemala y evidenciamos las nuevas estrategias de los seguidores de Alejandro Giamattei para atacar la independencia de la rama judicial. Además, a través de campañas de desinformación y acoso en Twitter, criminaliza la justicia; estrategias no muy distintas a las que desde hace un tiempo también utilizan Bukele y Ortega. Ver La Lupa 🔎👇🏼 para hacer zoom en el acoso digital a los jueces.
1.Visión panorámica 🌎
El anuncio de Bukele de ser candidato en las elecciones de 2024 movilizó amplios niveles de indignación e intranquilidad en la opinión pública a través de las redes sociales, especialmente en cuentas de organizaciones y actores que promueven las garantías democráticas.
Como se ve al analizar el número de publicaciones e interacciones en Twitter en la siguiente gráfica, la conversación superó la inquietud generada en marzo pasado en el marco del régimen de excepción que Bukele decretó en El Salvador (ver en la Lupa Digital de junio donde exploramos esta conversación).
La publicación con mayor divulgación (retweets) fue la del periodista del diario El País, Jacobo García. Sin embargo, las voces internas de indignación lograron una amplificación considerable, como la del periodista salvadoreño, Héctor Silva. Esta y otras voces señalan que el autoritarismo del presidente Bukele se venía gestando desde años atrás (ver hilo) y que es preocupante lo poco que se está haciendo para limitarlo. Sobre esto se pronunció, incluso, José Miguel Vivanco, ex director de Human Right Watch: “Surge un nuevo Chávez”, afirmó.
Haciéndole eco a estas denuncias, otras voces con la democracia y los derechos humanos han identificado otro tipo de movidas en estos países de Mesoamérica: México, Guatemala y Nicaragua; acciones que buscan atacar el espacio cívico y la oposición.
🇲🇽 México
La entrega de la seguridad pública a las fuerzas armadas, el aumento de encarcelamientos sin sentencias, la falta de transparencia en la información, la impunidad y las altas tasas de homicidios dejan a este país a la deriva frente al autoritarismo:
🇬🇹 Guatemala
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos alerta sobre el aumento de la violencia política contra personas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y la restauración de un Estado autoritario:
🇳🇮 Nicaragua
A la constante criminalización y represión al espacio cívico nicaragüense –exiliados, presos políticos, allanamientos– se le suma el llamado a elecciones regionales en noviembre. Esto bajo un régimen que tiene a su favor al Consejo Supremo Electoral, lo que afecta gravemente las garantías.
2.La Lupa 🔎: Zoom al acoso digital contra la justicia independiente
En términos de reducción de espacio cívico hay un área en la que Guatemala lleva la delantera: la venganza judicial contra quienes investigaron las redes de corrupción e impunidad entre 2008 y 2020.
Los funcionarios que trabajaron en Juzgados de Alto Impacto, en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o desde el periodismo independiente, son perseguidos con procesos injustificados, dilatados o que ponen en riesgo su seguridad.
Este tema se viralizó recientemente en redes sociales a partir de las denuncias de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FECI, quien se pronunció en varias entrevistas y en un artículo en el medio Agenda Estado de Derecho. Lo particular en este caso es que la estigmatización de los jueces que se preocupan por detener la corrupción y la impunidad, ya no sucede solamente mediante vías judiciales sino a través de las redes sociales. Dice Juan Francisco Sandoval: “Como patrón común en los casos de criminalización se observa un ambiente de preparación que se gestiona por vía de las redes sociales, utilizando cuentas anónimas o bien por anuncios realizados por la Fundación Contra el Terrorismo, persona jurídica creada con el propósito de cuestionar los casos de justicia transicional, pero que posteriormente se ha convertido en la herramienta utilizada para atacar el trabajo anticorrupción”.
De este modo, las estrategias de lawfare –o guerra contra los opositores a través de manipulación de la justicia– ahora se fortalecen por las vías del acoso digital. Aquí, los ataques se dan por medio de netcenters o tácticas de comportamiento coordinado inauténtico.
Dentro de la guerra psicológica y judicial contra la exfiscal general, Thelma Aldana, y el exfiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, un supuesto medio digital publicó que varios exfiscales habían recibido sobornos a través del “Banco Ixil”. Este hecho fue documentado en el medio La Hora de Guatemala.
El caso de El Salvador
Nayib Bukele no se queda atrás en este tipo de acoso digital. El año pasado también utilizó su ecosistema de redes sociales para cuestionar la justicia independiente en El Salvador. En mayo de 2021, Bukele salió a defender en su cuenta de Twitter la polémica destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Más recientemente, el mandatario se ha dedicado a criticar fallos y a señalar jueces de “defender la corrupción”. Incluso ha justificado su proyecto de “depuración judicial” afirmando que es una exigencia de “la gran mayoría de salvadoreños” ante sus más de cuatro millones de seguidores.
Este tipo de acecho del ejecutivo a la justicia complejiza aún más la labor de los operadores de justicia, quienes, para emitir fallos o sentencias que defiendan la democracia y los derechos humanos, no solo deben salirse de su zona de confort sino que tienen todo un entramado digital en su contra. Esto afecta sobremanera y gravemente las posibilidades de éxito de las campañas de litigio estratégico que adelantan organizaciones de la sociedad civil y activistas. Es claro que si la seguridad física y digital de los jueces se reduce drásticamente, habrá menos espacio de acción, y esto afectará los alcances de la justicia social, de género y climática.
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Preocupante lo que sucede en estos países. Gracias por la información.